Por el Dr. Justo Estoup
A comienzos de 1976, la Argentina era el único país del cono sur que mantenía un régimen democrático, tanto Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay estaban en manos de dictaduras militares sostenidas por Estados Unidos en el contexto de la doctrina de seguridad nacional. A diferencia de otros golpes cívicos militares ocurridos durante el siglo XX en la Argentina, las fuerzas armadas no se percibieron a sí mismas como parte de un proceso en transición, sino que tuvieron la macabra intención de perpetuarse en el poder. La violencia política no fue exclusiva de los años 70, sino que décadas antes las disputas políticas se tornaron cada vez más duras y las posiciones políticas, irreconciliables. Fueron muchas las muertes violentas que precedieron al golpe del 76, podemos destacar la del padre Mugica, ocurrida en mayo de 1974, en manos de la triste célebre triple A. El padre Carlos Mugica fue el símbolo del Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo, con una intensa labor humanitaria en la villa 31. El “proceso” se caracterizó por la constante violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, el robo sistemático de recién nacidos, y otros crímenes de lesa humanidad. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, que luego serían denominados “los desaparecidos” (sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles), en centros clandestinos de detención establecidos al efecto. Gran cantidad de ellos fueron ejecutados o enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. A esta última forma de exterminio se le denomina tristemente la muerte argentina.
La junta militar llevó a cabo una acción represiva en la línea de terrorismo de Estado, conocida mundialmente como la guerra sucia, coordinada con otras dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el plan cóndor. En materia económica los militares confiaron la economía en un empresario proveniente de una de las familias más tradicionales de Buenos Aires, José Alfredo Martínez de Hoz, cuyo principal objetivo estuvo dirigido al desmantelamiento del estado de bienestar justicialista, el fomento del sector financiero y la concentración de tierra en manos de los grandes terratenientes. Entre sus metas más ostensibles figuró el proceso de desperonización de la Argentina, a través de la instalación del miedo, boicoteando todo tipo de movilización popular asociado históricamente con el movimiento peronista.
También apuntaron a la desarticulación de sindicatos y gremios donde se concentraban fundamentalmente las bases del peronismo, aunque esta última política llevara consigo la destrucción del aparato productivo argentino y la desindustrialización. Los golpistas disolvieron el Congreso Nacional, derrocaron a las autoridades provinciales, y destituyeron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. El país quedó dividido en 5 zonas militares, correspondientes a los 5 cuerpos en que se dividía el ejército. Los jefes de estas zonas tomaron decisiones con gran autonomía, se convirtieron en verdaderos señores feudales, con amplísimos poderes sobre la vida y propiedad de los argentinos.
Fuera de la estructura de mando ya descripta, la dictadura creó grupos de tarea y centros clandestinos de detención, que en algunos casos dependían directamente de la Marina o de la Fuerza Aérea. La ESMA se convirtió en esos tiempos en el centro clandestino de detención más grande del país.
En Corrientes podemos destacar el Regimiento 9, La Polaca, Campo Hípico y Santa Catalina como centros clandestinos locales de detención. También podemos considerar desde el punto de vista ideológico, amén del anti peronismo señalado, un marcado y evidente antisemitismo, como así también un desprecio ilimitado contra los pueblos originarios, y minorías sexuales como religiosas. Estas minorías fueron tratadas con especial ferocidad por los represores. Tras la decepción de la Guerra de las Malvinas y el descontrol de la inflación, los dictadores entregaron el poder, tras elecciones realizadas en 1983, a Raúl Alfonsín. Fueron juzgados y condenados por la justicia. Alfonsín promulgó las leyes de obediencia de vida y punto final. Menem indultó a Videla y a Massera.
En 2003 fueron declaradas insanablemente nulas las leyes de punto final y obediencia de vida. En 2005 la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las leyes mencionadas anteriormente, además de establecer la validez de la ley de nulidad. Las acciones realizadas por el Estado argentino durante los años del proceso fueron encuadradas en la figura de genocidio. No caben dudas que desde la presidencia de Néstor Kirchner se ha entendido que sin castigo a los culpables no habría paz social.
Junto con el Poder Judicial existe un compromiso, entendido como política de estado, de saldar la inmoralidad y la obscenidad que caracterizó a los criminales del proceso, requisito ineludible para construir un futuro de concordia nacional.